Estas ayudas tienen como objetivo la mejora de la accesibilidad a los servicios públicos digitales por parte de los ciudadanos y empresas, la reducción de la brecha digital, la mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos, la reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas y la utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).
En este contexto se plantean cinco líneas estratégicas:
- Administración orientada al ciudadano: Con el objetivo de mejorar los servicios públicos digitales prestados al ciudadano se financiarán desarrollo de apps, adopción de servicios públicos digitales, desarrollo de asistentes virtuales, etc.
- Operaciones inteligentes: Con el objetivo de mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de la AA.PP. se financiarán automatización de servicios, automatización inteligente de los procesos de prestación de los servicios más utilizados por ciudadanos y empresas empleando tecnologías basadas en IA, robotización de procesos, etc.
- Gobierno del dato: Con el objetivo de democratizar el acceso a los datos por parte de ciudadanos, empresas y empleados públicos mediante el libre acceso a la información y su replicabilidad se financiarán plataformas de datos integradas.
- Infraestructuras digitales: Con el objetivo de dotar a las AA.LL. de infraestructuras tecnológicas para su modernización se financiarán centros de proceso de datos (CPD) sostenibles y la implantación de puestos de trabajo inteligentes.
- Ciberseguridad: Con el objetivo de garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales prestados ante la AA.PP.se financiarán actuaciones de refuerzo de la ciberseguridad.
Cada proyecto deberá encuadrarse dentro de una misma línea estratégica.
Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 92,77 millones de euros. De este, un 45% se destinará a municipios con más de 250.000 habitantes y el 55% restante a aquellos entre 50.001 y 250.000 y capitales de provincia con menor población.
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